Exijimos al PNV que reconsidere su actitud hacía al PP

Este acuerdo del cupo perpetrado por el PNV y el PP es parte de la estrategia del PNV, de sostener al gobierno del PP. La consecuencia es apoyar las políticas antidemocráticas contra Catalunya y en Euskal Herria la imposición de recortes, la profundización en las consecuencias de la crisis y el deterioro de los servicios públicos. Al PNV le exigimos que reconsidere su actitud hacia el PP y se ponga del lado de la democracia, del derecho a decidir y de la garantía de los servicios públicos”

El análisis político que queremos realizar en esta rueda de prensa va a ser en base a tres ejes: paz y convivencia; la situación democrática y el derecho a decidir, incluido la lucha contra la corrupción; y las políticas sociales y económicas.

PAZ Y CONVIVENCIA

El debate del relato será aquel que se dará en igualdad y en libertad con la mirada puesta en la convivencia; a pesar de que algunos todavía se empecinan y les gustaría escenificar una sociedad de ganadores y perdedores, y otros, priorizan intereses partidistas. La aportación que tiene que hacer la sociedad para todas las victimas es el reconocimiento y la reparación; pero no hay que olvidar que la primera aportación para las y los damnificados es la paz y la democracia en igualdad.

Después del reconocimiento por parte de ETA del fin de la lucha armada y de los pasos dados por parte de los presos políticos todavía estamos a la espera del Estado para que dé los pasos que tiene que dar. Necesitamos una democracia sin presos políticos igual que en otras democracias; Irlanda y Colombia son dos ejemplos diferentes entre sí.

Estos últimos días a raíz del aniversario del asesinato de Miguel Angel Blanco hemos sido testigos de lo que no tenía que suceder y que en política son ejemplo de modelos retrógrados y antidemocráticos. Hay que recordar que el Estado no hizo lo que podía haber hecho para cuidar la vida de Miguel Angel Blanco y ahora dejando de lado su lado personal, mediante el oportunismo y odio algunos y algunas han intentando sacar provecho,

Es un imperativo político de la sociedad, el no tardar en acabar el proceso de paz y el no sacar provecho político del fenómeno de la violencia. Es preciso reconocer a todas las victimas de todas las violencias, alcanzar la libertad de todas las y los presos políticos y la estructurar la democracia en libertad e igualdad.

La situación democrática y el derecho a decidir

La situación política que vivimos y la que vamos a vivir próximamente, nos afecta a todas y está relacionada con la situación democrática de Catalunya. El Estado español no tiene el problema con Catalunya si no que con la democracia. Catalunya al ser nación le corresponde el derecho a decidir y democráticamente se le debe dicho reconocimiento.

Cuando la democracia y la legalidad española chocan, hay que actuar a favor de la democracia y hay que elegir. La única solución en Catalunya es actuar como en Quebec y Escocia y reconocer el derecho a decidir, para que todas las personas puedan manifestar su opinión, los que están a favor y los que están en contra de la independencia. El resto no son soluciones democráticas, a pesar de realizar o se impuestas en nombre de la legalidad.

Además, pensamos y estamos seguras de que la consulta se puede materializar en Catalunya y también en el resto de las naciones del Estado Español en base a la ley y sin tener que cambiar la ley; pero si había que hacerlo, se hace y punto. Además que más se puede hacer en la dichosa reforma que tanto alaban.

Desde Aralar queremos trasladar a la nación y sociedad de Catalunya, que tanta importancia tiene y es fundamental en el marco Europeo, toda nuestra solidaridad.

El acuerdo del Cupo y sus consecuencias

Es doloroso para las y los abertzales o para independentistas, pero también para cualquiera que creé en la autonomía el último acuerdo sobre el cupo que ha firmado el gobierno de los señores Azpiazu y Urkullu y el Partido Nacionalista Vasco. Lo han llamado “Paz Fiscal” y han dicho que lo han firmado en nombre de la bilateralidad, pero nosotras no creemos que haya sido así. Pensamos que las competencias y la soberanía de nuestras instituciones han salido debilitadas y nos han dejado subordinados a Madrid; y no han defendido ni protegido nuestro derecho a decidir. No hay que olvidar, que lo que suceda en Catalunya incidirá directamente en Euskal Herria y que al partido que niega los derechos políticos de la ciudadanía de Catalunya se le da el recurso político más caro.

Con Acuerdos de esas características se mantiene congelado el derecho a decidir que nos corresponde como Vascas y Vascos. Y se acepta como una concesión del centralismo lo que se nos debe reconocer por derecho.

El acuerdo firmado es una prueba más que el Estatuto de la CAV está agotado y caduco. El Estatuto no se ha cumplido durante 36 años si no que no hay condiciones jurídico – políticos para cumplirlo y es eso una de las características de las debilidades.

En opinión de Aralar no podemos dejar de lado la necesidad urgente de un nuevo estatuto que recoja verdaderamente el derecho a decidir y el acuerdo del cupo no puede ocultar esa necesidad urgente.

En Nafarroa también urge la sustitución del Amejoramiento, que recoja en igualdad el derecho a decidir de todas las personas, para garantizar el euskara, viendo los ataques continuos que recibe por parte del centralismo y los ataques a los derechos históricos de Navarra; ejemplo el último ataque a la cámara de Comptos.

Este acuerdo del cupo perpetrado por el PNV y el PP es parte de la estrategia del PNV, de sostener al gobierno del PP. La consecuencia es apoyar las políticas antidemocráticas contra Catalunya y en Euskal Herria la imposición de recortes, la profundización en las consecuencias de la crisis y el deterioro de los servicios públicos. Hacemos un llamamiento a la política Vasca, para dar respuestas de izquierdas y progresistas a los problemas causados la crisis estructural, que no ha cesado y sigue removiendo nuestra sociedad. Al PNV le exigimos que reconsidere su actitud hacia el PP y se ponga del lado de la democracia, del derecho a decidir y de la garantía de los servicios públicos